NO al MOVADEF

Un pueblo que olvida su Historia, está condenado a repetirla

Anónimo

¿Qué es MOVADEF?

MOVADEF es un partido político cuyo fin es el lograr la “amnistía general” de los presos por terrorismo. Su máximo vocero en estos momentos es Alfredo Crespo, el abogado de Abimael Guzmán quien era el líder del grupo terrorista Sendero Luminoso.

 ¿Qué fue SENDERO LUMINOSO?

Sendero Luminoso fue una organización terrorista de tendencia ideológica maoísta. Entre sus principales ideologías estaban la eliminación de las instituciones del estado para convertir al país en una sociedad comunista.

Todas las ideologías, por muy descabelladas que sean (como esa) son respetables y libres al debate, eso es lo hermoso de la democracia (mecanismo que utilizan hasta el punto que les parezca favorable a estos sinvergüenzas) pero Sendero Luminoso fue más allá. El Perú vivió años de terror por culpa de este grupo que buscaba imponer su ideología y para cuya finalidad eran totalmente maquiavélicos y con el fin de lograr su objetivo no les importaba asesinar a niños, ancianos, campesinos, policías y todos aquellos que se oponían a ellos.

¿Cuales fueron las consecuencias?

Algunos puntos. Basado textualmente en el informe final de la comisión de la verdad y reconciliación.

I. Las dimensiones del conflicto

-La CVR ha constatado que el conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000 constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República. Asimismo, que fue un conflicto que reveló brechas y desencuentros profundos y dolorosos en la sociedad peruana.

-La CVR estima que la cifra más probable de víctimas fatales de la violencia es de 69,280 personas.1 Estas cifras superan el número de pérdidas humanas sufridas por el Perú en todas las guerras externas y guerras civiles ocurridas en sus 182 años de vida independiente.

El terrorismo nos dejó muchas muertes

-La CVR ha constatado que la población campesina fue la principal víctima de la violencia. De la totalidad de víctimas reportadas, el 79 por ciento vivía en zonas rurales y el 56 por ciento se ocupaba en actividades agropecuarias. Estas cifras contrastan con las del censo de 1993 según el cual el 29 por ciento de personas vivían en zonas rurales y el 28 por ciento de la PEA nacional estaba ocupada en el sector agropecuario.

-La CVR ha constatado que la tragedia que sufrieron las poblaciones del Perú rural, andino y selvático, quechua y asháninka, campesino, pobre y poco educado, no fue sentida ni asumida como propia por el resto del país; ello delata, a juicio de la CVR, el vela-do racismo y las actitudes de desprecio subsistentes en la sociedad peruana a casi dos siglos de nacida la República.

Las responsabilidades del conflicto

-La CVR considera que la causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado interno fue la decisión del PCP-SL (Partido Comunista Peruano – Sendero Luminoso) de iniciar la lucha armada contra el Estado Peruano, a contracorriente de la abrumadora mayoría de peruanos y peruanas, y en momentos en que se restauraba la democracia a través de elecciones libres.

-La CVR ha comprobado que el PCP-SL desplegó extremada violencia e inusitada crueldad que comprendieron la tortura y la sevicia como formas de castigar o sentar ejemplos intimidatorios en la población que buscaba controlar.

-La CVR ha encontrado que el PCP-SL se aprovechó de ciertas instituciones del sistema educativo como principal cabecera de playa y que, a través de ellas, logró expandir su prédica y captar núcleos minoritarios de jóvenes de uno y otro sexo en diferentes partes del país. Si bien ofrecía a los jóvenes una utopía que les brindaba identidad totalizante, en el fondo los encerraba en una organización fundamentalista y opresora a través de cartas de sujeción a Abimael Guzmán Reinoso.

-La CVR hace notar la profunda irresponsabilidad y menosprecio del PCP-SL hacia sus propios militantes, a quienes se inducía a matar y a morir de la manera más cruel y sanguinaria, mientras que sus dirigentes máximos, especialmente Abimael Guzmán Reinoso, permanecían en Lima, exentos de riesgos físicos y privaciones, prácticamente durante todo el conflicto. Esta incongruencia se expresó de la manera más patente cuando, tras ser capturado, Abimael Guzmán Reinoso abandonó casi inmediatamente la tesis del equilibrio estratégico y solicitó al gobierno un acuerdo de paz junto con un re-conocimiento explícito y sumamente elogioso al gobierno dictatorial de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

La responsabilidad de los aparatos del estado

-La CVR constata que Fernando Belaunde Terry y Alan García Pérez ganaron la presidencia en elecciones libres y directas por los ciudadanos. También lo hizo Alberto Fujimori en 1990. Sin embargo, a partir del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, Fujimori se convirtió en un gobernante autoritario que buscó permanecer en el poder consolidando una autocracia corrupta.

La falta de información, así como la imagen que dejaron los medios de comunicación comprados de esa época, hacen que algunos peruanos vean a Fujimori como el quien venció el terrorismo.

-La CVR considera que las limitaciones de los servicios de inteligencia policiales no permitieron tener una visión adecuada de lo que acontecía. Esto, sumado al desconocimiento de la naturaleza del PCP-SL, provocó que se menospreciara la magnitud del fenómeno en curso. Así, en lugar de enviar a los agentes más preparados y eficientes de cada institución, se mantuvo la práctica común en las organizaciones policiales de enviar a agentes no idóneos a zonas alejadas como forma de castigo.

-La CVR ha constatado que una vez declarado el estado de emergencia en Ayacucho, en octubre de 1981, la intervención del destacamento policial contrainsurgente denominado los sinchis7 hizo crecer las violaciones de los derechos humanos, generó resentimientos y distanció a la policía de la población.

-La CVR constata que, a partir del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, la PNP fue sometida a los planes del Servicio de Inteligencia Nacional y subordinada al poder militar, con un recorte significativo de sus facultades, una distorsión de sus funciones institucionales y una cúpula involucrada en la red de corrupción del régimen manejada por Vladimiro Montesinos.

Vladimiro Montesinos (izquierda) fue el asesor principal de Fumori (derecha)

-La CVR reconoce la esforzada y sacrificada labor que los miembros de las fuerzas armadas realizaron durante los años de violencia y rinde su más sentido homenaje a los más de un millar de valerosos agentes militares que perdieron la vida o quedaron discapacitados en cumplimiento de su deber.

-La CVR afirma que en ciertos lugares y momentos del conflicto la actuación de miembros de las fuerzas armadas no sólo involucró algunos excesos individuales de oficiales o personal de tropa, sino también prácticas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones de los derechos humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad así como transgresiones de normas del Derecho Internacional Humanitario.

-La CVR concluye que la captura de Abimael Guzmán y la desarticulación del PCP-SL y el MRTA no lograron evitar que la ética, el prestigio e incluso el bienestar y la eficiencia de las fuerzas armadas10 quedaran seriamente mellados por una cúpula que unió su suerte al gobierno dictatorial. Este proceso de descomposición estuvo caracterizado por la actividad del Grupo Colina, la persecución de oficiales disidentes, así como por la organización de un sistema de corrupción, chantaje y espionaje político dentro de las propias fuerzas armadas bajo la dirección de Vladimiro Montesinos.

Las pésimas decisiones gubernamentales permitieron que algunos militares (no todos), embriagados por el poder, cometan abusos contra personas inocentes, solo para robarles propiedades, violar a mujeres o matar incluso niños, aumentando el resentimiento entre los pobladores

-La CVR ha encontrado que las fuerzas armadas fueron capaces de extraer lecciones durante el proceso de violencia, las que le permitieron afinar su estrategia de manera que ésta fuera más eficaz y menos propensa a la violación masiva de los derechos humanos. Este aprendizaje se revela ostensiblemente en el descenso de víctimas por acción de agentes del Estado precisamente en los años más intensos del conflicto armado interno (1989-1993), mientras que durante esos mismos años el PCP-SL desple-gaba una desbordante violencia terrorista contra los pueblos quechua y asháninka, y también contra la población urbana. Ese aprendizaje, junto con la proliferación de los Comités de Autodefensa, la inteligencia operativa policial y el respaldo de la ciudadanía, permite explicar la derrota del PCP-SL.

-La CVR reconoce, sin embargo, que los CADs (comités de autodefensas) fueron un factor muy importante en el desenlace del conflicto armado interno y rinde homenaje a los ronderos caídos en defensa de sus comunidades y del país. Resalta, asimismo, que, una vez terminado el conflicto armado, no se convirtieron en sicarios del narcotráfico, ni pusieron su experiencia militar al servicio de otros actores implicados en actividades ilícitas. La inmensa mayoría de los miembros de los CADs se ha reintegrado a sus comunidades, y el país sigue teniendo una deuda con ellos. El decreto legislativo 741 promulgado a fines de 1991, y su posterior reglamentación, sólo les reconoce indemnizaciones a partir de la promulgación de la ley, y ha beneficiado a un reducido número de deudos.

-La CVR considera que, dado el desarrollo de los hechos, marcado por la creciente violencia del PCP-SL, era inevitable que el Estado utilizara sus fuerzas armadas para hacerle frente y recurriera a declarar estados de emergencia, considerados por la Constitución vigente para afrontar situaciones de grave riesgo. La CVR deplora, sin embargo, que los gobiernos que así lo decidieron, no tomasen las previsiones para impedir los atropellos de los derechos fundamentales de la población.

La CVR sostiene que la DINCOTE, gracias a la experiencia acumulada desde fines de la década anterior y el énfasis puesto en el trabajo de inteligencia, mostró por esa misma época facetas más constructivas y eficaces, que desembocaron en la captura de Víctor Polay, principal dirigente del MRTA, y en la de Abimael Guzmán y miembros del Buró Político del Comité Central del PCP-SL, el 12 de septiembre de 1992. La CVR concluye que las capturas de los líderes máximos del PCP-SL y del MRTA no fueron utilizadas por el gobierno para acelerar la derrota de la subversión, sino para obtener réditos electorales.

– Por lo expuesto, la CVR sostiene que en los últimos años del gobierno de Fujimori el conflicto armado interno fue manipulado con la finalidad de hacer que el régimen permaneciera en el poder. Ello sumió al país en una nueva crisis económica y en abis-mos de corrupción, descomposición moral, debilitamiento del tejido social e institucio-nal, y una profunda desconfianza en la esfera pública. Todos estos rasgos constituyen, por lo menos en parte, secuelas de la forma autoritaria en que se resolvió el conflicto y configuran uno de los momentos de mayor oprobio de la historia de la República.

Sobre el proceso de reconciliación nacional

– La CVR entiende que la reconciliación debe ocurrir en el nivel personal y familiar; en el de las organizaciones de la sociedad y en el replanteamiento de las relaciones entre el Estado y la sociedad en su conjunto. Los tres planos señalados deben adecuarse a una meta general, que es la edificación de un país que se reconozca positivamente como multiétnico, pluricultural y multilingüe. Tal reconocimiento es la base para la superación de las prácticas de discriminación que subyacen a las múltiples discordias de nuestra historia republicana.

Por eso La voz de Quijote le dice NO a MOVADEF, por todos los crímenes atroces cometidos, porque ni siquiera muestran un ápice de arrepentimiento, porque no respetaron los derechos humanos y lo peor de todo, dejaron a una sociedad resquebrajada, que paradójicamente desprecia a los derechos humanos.

Lo de MOVADEF preocupa porque demuestra la fragilidad de nuestra memoria histórica como sociedad. Ahora su vocero nos viene a decir:

Sería grave contra la democracia, significaría una discriminación por razón de ideas o creencias. Nosotros vemos que hay una presión contra el Jurado Nacional de Elecciones, incluso de parte del ministro de Justicia (Juan Jiménez). Si nos rechazan vamos a evaluar la resolución y nos vamos a pronunciar y veremos qué mecanismos legales hacemos para impugnar

¿Ahora si quieren utilizar “mecanismos legales”? Este tipo no solo es un conchudo, lo peor es que nos quiere agarrar a nosotros los jóvenes de cojudos.

Al final joven, si a pesar de haber escuchado o leído algo del terrorismo y aún tienes dudas de lo peligroso, dañino y demencial que resulta… pues nada, no puedo decirte nada, ya no tienes solución.

Acompáñame en Twitter: @geanmiranda

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